La justicia mexicana condena la reproducción de fotos e imágenes de víctimas de algún delito.

Seguramente recuerdas el feminicidio de Ingrid Escamilla ocurrido el nueve de febrero de 2019 y quien fue asesinada por su esposo Francisco Robledo.

Este caso en específico no solo cimbró a la sociedad mexicana por el nivel de violencia del mismo, sino por la difusión de imágenes de su cuerpo en periódicos nacionales como La prensa y Pasala.

Ambos medios no solo revictimizaron a Ingrid sino que normalizaron los 11 feminicidios diarios que se cometen en México con titulares como “Descarnada” y “La culpa la tuvo cupido” respectivamente, reproduciendo una realidad dolorosa en uno de los países más feminicidas como lo es México a nivel América Latina y el octavo a nivel mundial.

Afortunadamente diez meses después un juez vinculó a proceso a Benjamín Rubén J., agente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, uno de los primeros en llegar a la escena del crimen y quien filtró las fotos de la víctima.

Ante este cruel hecho la Cámara de Diputados aprobó la llamada “Ley Ingrid”, para sancionar con cuatro a 10 años de prisión a los funcionarios públicos que filtren y difundan imágenes de víctimas de delitos.

Con 470 votos a favor, se aprobó añadir la fracción 29 al artículo 225 del Código Penal Federal, el cual, además de los años de prisión, prevé de 100 a 150 días de multa.

¿Estás de acuerdo con la medida?

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