Por Francisco J. Orozco Bendímez

México está dando un paso importante hacia el uso de pagos digitales. Pero entre tener la tecnología disponible y lograr que todos podamos aprovecharla existe una distancia que no se resuelve únicamente con una ley.

Imagina que vas a comprar un café. Al momento de pagar, sacas tu tarjeta, pero el establecimiento te dice que solamente acepta efectivo. Buscas algunas monedas, descubres que no tienes suficientes y preguntas si puedes hacer una transferencia. La respuesta es que sí, aunque tendrás que esperar a que el dueño confirme que recibió el dinero.

Probablemente has vivido alguna situación parecida. También es posible que te haya ocurrido exactamente lo contrario: un comercio que prefiere recibir transferencias, una caseta que utiliza pagos electrónicos o un establecimiento donde el efectivo ya no es la opción más conveniente.

Lo interesante es que estas pequeñas experiencias reflejan una realidad mucho más grande: México cuenta con herramientas para digitalizar sus pagos, pero todavía no todos tenemos las mismas posibilidades de utilizarlas.

Y justamente esa es una de las razones detrás de la nueva Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos, aprobada por el Congreso en octubre de 2026.

Pero ¿realmente podemos cambiar nuestra manera de utilizar el dinero por medio de una ley?

¿Qué busca la nueva Ley de Economía Digital?

Para entenderlo, primero hay que reconocer que México no está comenzando desde cero.

Contamos con tarjetas bancarias, transferencias electrónicas, aplicaciones financieras y herramientas como CoDi y DiMo. Es decir, buena parte de la infraestructura tecnológica ya existe.

Sin embargo, que una tecnología esté disponible no significa que todas las personas puedan utilizarla o quieran hacerlo.

Pensemos en algo sencillo. Construir una carretera puede facilitar la movilidad, pero eso no significa que todas las personas tengan automóvil, sepan conducir o puedan llegar hasta ella.

Con los pagos digitales sucede algo parecido.

La nueva legislación busca cerrar esa distancia entre la infraestructura disponible y su utilización cotidiana. Para ello, promueve la aceptación de medios de pago electrónicos y digitales en establecimientos, bienes, servicios y trámites gubernamentales.

Pero existe una disposición especialmente relevante: la Secretaría de Hacienda podrá determinar sectores estratégicos y actividades específicas en las que los pagos digitales sean la única forma de pago aceptada.

Y aquí comienzan las preguntas.

¿De qué sí va y de qué no va esta ley?

Empecemos por lo que sí busca.

La ley pretende impulsar la adopción de los pagos digitales, promover la infraestructura necesaria para recibirlos y facilitar su utilización en distintas actividades económicas.

También contempla que las instituciones públicas avancen en la aceptación de estos medios de pago y que la CURP Digital pueda utilizarse como mecanismo de identificación para contratar servicios financieros, sin eliminar otras alternativas oficiales.

Pero hay algo que debemos aclarar: la ley no significa que el efectivo desaparecerá de México de un día para otro.

Tampoco implica que todas las tiendas, fondas, mercados o pequeños negocios dejarán inmediatamente de aceptar billetes y monedas.

La legislación contempla que Hacienda determine las actividades específicas en las que podrían exigirse pagos exclusivamente digitales, así como las condiciones para su implementación.

Por eso, una cosa es promover que todos podamos pagar digitalmente y otra muy distinta es establecer que solamente podamos hacerlo de esa manera.

La diferencia parece pequeña, pero sus consecuencias pueden ser enormes.

Digitalizar los pagos puede ser una buena noticia

Existen razones importantes para impulsar esta transformación.

Los pagos digitales pueden facilitar las operaciones, reducir algunos riesgos asociados con el manejo de efectivo y generar información útil para las personas y los negocios.

Imaginemos a una emprendedora que vende productos desde su casa.

Cuando recibe sus pagos digitalmente y lleva un registro adecuado, puede identificar con mayor facilidad cuánto vende, cómo se comportan sus ingresos y qué decisiones necesita tomar para administrar su negocio.

Esa información, acompañada de otros requisitos, también podría ayudarle a acceder a servicios de financiamiento.

Desde una perspectiva más amplia, los pagos digitales pueden favorecer la formalización económica, mejorar la trazabilidad de las operaciones y facilitar determinadas actividades de supervisión.

En otras palabras, digitalizar los pagos puede generar beneficios que van mucho más allá de dejar de utilizar billetes y monedas.

El problema no es querer digitalizar el dinero. El problema sería creer que digitalizarlo es suficiente. El riesgo de dejar a alguien atrás

Pensemos ahora en una pequeña tienda de abarrotes.

Su propietario podría necesitar una terminal bancaria, conexión a internet y conocimientos para recibir pagos digitales. Dependiendo del servicio que contrate, también podría enfrentar comisiones y costos adicionales.

Ahora imaginemos a una persona adulta mayor que siempre ha utilizado efectivo.

Tal vez tiene una cuenta bancaria e incluso un teléfono inteligente, pero no se siente segura realizando transferencias o utilizando aplicaciones financieras.

Y finalmente, pensemos en una comunidad donde la conectividad es limitada.

En los tres casos, la dificultad no necesariamente está relacionada con la falta de voluntad para utilizar pagos digitales, sino con las condiciones que permiten hacerlo.

Por eso, antes de preguntarnos cómo lograr que todas las personas paguen digitalmente, deberíamos preguntarnos qué necesitan para poder hacerlo.

Necesitamos infraestructura, conectividad, servicios accesibles y mecanismos de seguridad.

Pero también necesitamos educación financiera y digital.

Porque enseñar a una persona a utilizar una aplicación bancaria no es lo mismo que enseñarle a administrar su dinero, proteger sus datos, identificar posibles fraudes o tomar decisiones financieras informadas.

Y aquí aparece una distinción fundamental.

Digitalización no significa inclusión financiera

Con frecuencia utilizamos ambos conceptos como si fueran sinónimos. Pero no son.

La digitalización se refiere a incorporar tecnología en nuestras operaciones. La inclusión financiera implica que las personas puedan acceder y utilizar servicios financieros adecuados, seguros y útiles para mejorar sus condiciones económicas.

Una persona puede recibir transferencias sin saber administrar sus ingresos. Puede contar con una tarjeta bancaria sin comprender cómo funciona el crédito. Incluso puede utilizar diariamente una aplicación financiera sin tener herramientas para construir un ahorro.

De la misma manera, un negocio puede comenzar a aceptar pagos digitales sin que eso necesariamente mejore su rentabilidad.

La tecnología abre oportunidades, pero aprovecharlas requiere conocimientos, confianza y condiciones adecuadas.

Por eso, aunque una ley puede impulsar la digitalización de la economía, no puede garantizar por sí sola que exista una mayor inclusión financiera.

Y mucho menos que esa inclusión se traduzca automáticamente en bienestar.

Una transformación que necesita algo más que tecnología

México tiene una oportunidad importante para modernizar sus sistemas de pago.

Pero hacerlo requiere reconocer que no todas las personas comienzan desde el mismo punto.

Para algunos, utilizar pagos digitales es una actividad cotidiana. Para otros, representa un cambio importante en su relación con el dinero.

Los pequeños negocios necesitan herramientas accesibles y comprender los costos y beneficios de incorporarlas. Las personas mayores requieren opciones sencillas, seguras y acompañamiento. Las comunidades con menor conectividad necesitan infraestructura que permita aprovechar estos servicios.

Y todos necesitamos educación financiera para comprender mejor las oportunidades y los riesgos de utilizar herramientas digitales.

Porque la transformación no puede medirse exclusivamente por el número de operaciones que dejamos de realizar en efectivo.

También debería medirse por cuántas personas logran acceder a mejores servicios financieros, cuántos negocios pueden aprovechar nuevas oportunidades y cuántas familias cuentan con mayores herramientas para tomar decisiones sobre su dinero.

Regresemos al café del principio.

La solución aparentemente sencilla sería obligar al establecimiento a aceptar pagos digitales. Pero si no cuenta con conectividad, no puede absorber los costos de implementación o sus clientes tienen dificultades para utilizar esos medios de pago, descubrimos que el problema era más profundo.

Podemos establecer nuevas reglas para utilizar el dinero, pero no podemos construir confianza, educación financiera e inclusión por decreto.

Digitalizar la economía puede ser un paso importante para México. Sin embargo, el verdadero éxito no estará en conseguir que utilicemos menos efectivo, sino en lograr que más personas puedan participar de los beneficios del sistema financiero.

Porque el reto no es solamente transformar la manera en que pagamos, sino evitar que alguien se quede fuera de la economía que estamos construyendo.